lunes, 8 de agosto de 2016

Jueves 4 de agosto: "es una cara que te queda grabada"

  • por Exequiel Arias para el Diario del Juicio
PH Elena Nicolay



Rodolfo María Ojea Quintana es abogado y tiene 70 años. Hacia 1975 se encontraba de vacaciones con su mujer y sus dos hijos en Tucumán, acompañados por una amiga de la familia y su hijo.

La noche del nueve de febrero se encontraba en su habitación durmiendo cuando los gritos de su mujer lo despertaron: un grupo de hombres, vestidos de civiles, irrumpieron en la tranquila casa de Yerba Buena en la que se estaban hospedando. Inmediatamente intentó levantarse de la cama, pero la pistola de Albornoz presionando su cabeza lo detiene. “Lo reconocí porque es una cara que te queda grabada”, relata. “Uno se despierta y tiene una pistola en la cabeza, lo agarran del pelo y lo sacan… identifico perfectamente quién era”. Además, recuerda haberlo visto en la dependencia policial a la que fue trasladado esa misma noche.

En medio de golpes, con los ojos vendados y maniatado, Ojea Quintana fue llevado a una delegación de la Policía Federal Argentina. Relata que allí recibió numerosas sesiones de interrogatorios a cargo de un hombre con apellido Fischetti. A este sujeto, con reconocible acento porteño, no le bastaba con aplicarle picana eléctrica en todo el cuerpo, sino que también le propinaba golpes y se burlaba de él. “Se jactaba de ser torturador, era altamente impune, incluso del jefe de policía”.
Era febrero y los oficiales los dejaban expuestos al abrasante calor en un patio externo. En una oportunidad, escuchó a su propia esposa siendo torturada en una habitación cercana. Otro recuerdo es el de las amenazas de muerte, con pistola en mano, luego de las torturas.

A los pocos días de su detención, le abrieron una causa que lo obligaron a firmar vendado y bajo amenazas. Luego declaró en Tribunales con un juez federal, ante quien denunció desconocer qué era el documento que había firmado. Después de declarar ante este juez, lo llevaron a la policía de la provincia donde vio a su esposa. A ella la llevaron a Devoto y a él a Villa Urquiza. De allí, lo trasladaron a Chaco por un día y finalmente lo embarcaron en un Hércules con destino en Rawson, donde estuvo detenido hasta la década del ‘80.

***

La audiencia del jueves cuatro de agosto se llevó a cabo a pesar de las demoras en la conexión con el testigo, el cual prestaba declaración por videoconferencia. El señor Ojea Quintana explicitó haber declarado en la etapa de instrucción de la causa en el año 2010, por lo que vendría a ratificar todo lo ya expuesto en esa oportunidad.

Contra todos los pronósticos, su declaración tomó toda una mañana. Los presentes en la sala fuimos testigos de numerosas interrupciones del proceso indagatorio. El presidente del tribunal pidió al público pariente de los imputados se abstenga de aplaudir y vitorear, aclarándoles que no son terceros protagonistas del debate. Los defensores recurrieron a estrategias para dilatar el tiempo, embarcándose en discusiones estériles -como aquella iniciada por el abogado Maggio en la que, a una interpretación errónea de él, acusó a la fiscal Vitar de mentir y orientar al testigo- o a través de la insistencia en preguntas- con un claro tinte malicioso.

El hecho de que Ojea Quintana haya sido militante del peronismo auténtico supuso una oportunidad imperdible para la defensa de indagar sobre el motivo de su visita a Tucumán, con quién se reunió durante su estadía y si tenía causas penales previas al año de su detención. Desde la querella se expresó el rechazo a estos planteos. Por un lado, se objetó que no están en debate las actuaciones políticas que tuvo el testigo en el pasado. Por otro, se argumentó que esas preguntas tienen una intención subyacente de buscar justificaciones a las detenciones ilegales que sufrieron las víctimas. “Hay un límite en el debate –sostiene el fiscal federal Pablo Camuña–. Se le debe preguntar al señor Ojea Quintana en tanto víctima y no en términos de su militancia política. No se buscan justificaciones, sino se termina preguntando lo mismo que se le preguntó en el ’75 cuando lo detuvieron y no es lo que tiene que ocurrir en un tribunal de democracia”.

El abogado defensor Leyva afirmó, por su parte, que necesita hacerles esas preguntas a “determinados testigos” en función a su participación política en esa época: “Bajo ningún punto de vista considero acertado que nosotros no podamos preguntarle a este ‘tipo de testigos’ -exclamó–. Yo no voy a dejar de preguntarle ‘determinado pasado’, que han intervenido en determinados hechos y que ahora, además de ser víctimas, hubo que pagarles y demás… No voy a justificar ningún tipo de tortura, pero sí: blanco sobre blanco, negro sobre negro”.

Esa lógica dicotómica y polarizada es la misma que sustenta la teoría de los dos demonios y que se vio cristalizada en los carteles que, por primera vez, exhibieron los acompañantes de los imputados, con slogans del tipo “Cuna de la independencia - sepulcro de la subversión”.

Debería quedar claro, a estas alturas del debate, que lo que está en juzgamiento son delitos de lesa humanidad, y no el pasado de las víctimas. Como sostuvo la abogada querellante Liliana Molinari vía videoconferencia, “las preguntas realizadas por el defensor no forman parte del objeto de este juicio. La intención maliciosa (de las preguntas) es evidente en cuanto están hechas a tenor de la descalificación del testigo”.-

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